Cuajinicuilapa: ejidatarios con vocación de invasores

3 de marzo de 2013

EDUARDO AÑORVE

CUAJINICUILAPA, GRO.

Una de las obras que ejecutó el primer gobierno municipal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Cuajinicuilapa fue una barda para encerrar las nueve hectáreas, y un cuarto, del Llano, donde se encontraban las canchas de futbol; era 1998, y el presidente, Andrés Manzano Añorve. La medida fue criticada; se habló de una obra superflua. Sin embargo, el tiempo le daría la razón porque, de no haberlo hecho, ese terreno situado junto a la carretera federal 200 Acapulco-Pinotepa Nacional en la salida oriente, habría sido “recuperado” o invadido por ejidatarios, muchos de los cuales invocan su derecho a terreno o solar para construcción por ser originarios de aquí... a pesar de que ya tienen uno, y casa construida.

Y es que en este municipio las historias de ejidatarios que detectan, invaden y reclaman solares supuestamente ociosos son muchas, invocando su derecho de “autenticidad”, de “legitimidad” o de origen (Somos de Cuaji, aquí nacimos); es decir, algunos ejidatarios criollos han invadido cualquier terreno que les parezca improductivo o inactivo, sobre todo los donados por el ejido para fines colectivos... para sus propios beneficios: los obtienen y luego los venden, aunque en principio digan que lo recuperan “para el ejido”. 

Chicomole: de maestro a invasor

Hace 18 o 20 años, dos ciudadanos realizaron una transacción: uno vendió y el otro compró un terreno, donde ahora se ubica la gasolinera del barrio San Francisco. Luego de construida la gasolinera, un trozo de ese terreno (de 40 por 10 metros, aproximadamente) quedó sin utilizarse; y no pasó mucho tiempo antes de que fuera “recuperado” por las autoridades del comisariado ejidal, encerrándolo con alambre de púas. Ese terreno se le dio al maestro y ejidatario Francisco Javier Zárate Arango, mejor conocido como Chicomole, quien lo vendió a otras dos personas.

Uno de los involucrados en el primer trato asegura que ésa es una conducta de delincuentes, porque, en realidad, lo que esos ejidatarios buscan no es el beneficio colectivo sino el propio. Y narra otros eventos similares en los que él se ha visto involucrado. Él es originario de otro municipio, y aunque vive en Cuajinicuilapa desde hace más de veinte años (y la ley local establece 6 meses para adquirir ciudadanía) todavía se le considera un “frastero” y se le acusa de que “vive de los de Cuaji”; a él, los criollos, en sus tratos, procuran sacarle ventaja.

“Cuando llegué a Cuaji, me dijo Bulfrano Camero (quien era originario del vecino municipio de Ometepec): A los de aquí, cuando te pidan algo, dales, poco, poco, poco, y así te los llevas, porque si les niegas algo a uno, se va a convertir en tu enemigo”, narra. Y así pasa.

Invadiendo la secundaria

A fines de 2002, un grupo de ejidatarios de Cuajinicuilapa invadió un par de terrenos que suman unas tres hectáreas, en el norte de esta población, la mayor parte de las cuales pertenecía a la escuela secundaria técnica número 12 Adolfo López Mateos. Divididos esos terrenos se constituyeron 318 lotes. La demanda que enarbolaron esos ejidatarios, cuyo número no llegaba a 100, fue la “necesidad” de un solar para construir sus viviendas; sin embargo, la mayoría de ellos ya tenía los propios, solar y vivienda, aunque muchos de ellos arguyeron que los querían para sus hijas e hijos, sus hermanos y hermanas, sus parientes y parientas, etc.

El pretexto, o justificación, fue que esos terrenos destinados a actividades agrícolas no eran utilizados por maestros y estudiantes de la escuela.

Allí se constituyó la Colonia Nueva, misma que a más de diez años de existencia no cuenta con los servicios mínimos. Tampoco vive allí alguno de los ejidatarios invasores, ni sus supuestos beneficiarios: esos lotes fueron vendidos, traspasados, abandonados o se mantienen en posesión sin habitarlos. En realidad, fue un negocio para los invasores primarios, y a pesar de ires y venires de políticos por la zona y de promesas de los mismos, esa zona sigue sin regularse, sigue en litigio, no se ha legalizado la tenencia de la tierra, porque no sólo disputan el terreno la Secretaría de Educación Guerrero, de donde depende la escuela afectada, sino también particulares, de la familia Reguera Clavel, quienes aducen su derecho por haber donado esos terrenos para la escuela, además de los propios invasores.

En 1998, profesores de esa escuela secundaria solicitaron al ayuntamiento municipal que se tendiera una barda a lo ancho del terreno y se partiera por mitad, quedando libre la parte utilizada para realizar las prácticas agrícolas (se sembraba maíz, ajonjolí y otros cereales); el presidente, el mencionado Manzano Añorve, propuso encerrar con malla todo el terreno, argumentando que sería invadido si sólo se embardaba la mitad (Si echamos esa barda, la gente va a decir que ya no ocupan lo demás, y lo va a invadir).

Salvador Hernández, Ignacio Mayo son nombres de líderes ejidatarios que estuvieron a la cabeza de ese movimiento invasor o recuperador de “sus” terrenos; a ellos los acompañó protagónicamente el maestro Alberto Ramos, impulsor de la construcción de la barda, en 1998, cuando fungió como síndico procurador -curiosamente, ahora es el dirigente del Morena en el municipio.

Otro episodio: “recuperando” terrenos de la UAG

En 2011, otro grupo de ejidatarios, encabezados por el comisariado ejidal, supuestamente por mandato del Tribunal Agrario, “recuperó” casi cuatro hectáreas que habían donado a la Universidad Autónoma de Guerrero, con el argumento de que esos terrenos estaban ociosos, y ni la visita del rector pudo convencerlos de desistir; es más, ni el propio presidente municipal, José Guadalupe Salvador Cruz Castro, lo hizo, y eso que él sí “benefició” a esa directiva. En esos terrenos recuperados, varios ejidatarios sembraron maíz y ajonjolí, aunque todavía no se define la propiedad particular.

Albertano Urbán y Juan José Añorve eran presidente y secretario del comisariado ejidal en ese tiempo; además de esa recuperación “para el ejido”, este comisariado promovió varias demandas ante otras instancias u organizaciones que habían recibido donaciones, incluido el propio ayuntamiento y hasta la propia Cruz Roja local, con ese mismo fin. La dinámica de estos directivos fue la habitual: sacar el mejor provecho personal de esos conflictos, al margen incluso de las opiniones y determinaciones de la mayoría, o ya manipulándolas.

Foto: José Juan Añorve y Abertano Urbán (archivo)

2013, ahora contra el CBTA

Hace cuatro meses, Sabás Cisneros “puso” unos postes en un terreno que le pertenece al Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 102 (CBTA 102), junto a la carretera federal 200, en la entrada poniente de esta población. Las autoridades del plantel acudieron ante el comisariado ejidal para conocer cuál era la situación; y el presidente actual les dijo que nadie había recibido autorización para encerrar siquiera un metro de terreno, y les recomendó que sacaran los postes; si alguien acudía a reclamar, sería el dueño. Así se enteraron de las pretensiones de Sabás Cisneros.

La semana pasada, el viernes 1 de marzo, los invasores eran más: los mencionados Albertano Urbán (ahora director de Agua Potable y Alcantarillado municipal), Juan José Añorve y Sabás Cisneros e Iván Zárate, además de una mujer. El argumento, el mismo: es un terreno ocioso, además de que no está encerrado. Ese mismo día, el presidente del comisariado, Alejandro Aguirre, discutió con ellos y les negó el derecho a invadir, porque pretendían que “les diera papeles” de posesión de esos solares (de un tramo de 40 x 5 metros). El presidente del comisariado, al contrario, planteó que “hay que defender esa escuela porque ahí estudiaron o estudian nuestros hijos, y los hijos de mucha gente”, incluidos algunos invasores.

Por su parte, el director del CBTA 102, Luis Toscano, asegura que no han querido encerrar ese terreno que se encuentra a falda de carretera porque las autoridades estatales van a ampliar el bulevar y no saben dónde mero va a pasar, por lo que no quieren echar un corral, quitarlo, si fuera el caso, y volver a echarlo. Tienen pensado, dice, en coordinación con el ayuntamiento de Cuajinicuilapa, construir una casa del estudiante y un comedor en esa franja aparentemente suelta u ociosa.

Lo que se avizora: otras invasiones

A contrapelo de las opiniones de los locatarios y tianguistas del mercado, las que dijeron que respetarían, el gobernador del estado, Ángel Heladio Aguirre Rivero, y el presidente municipal, Yrineo Loya Flores, iniciaron obras en un terreno cercano a otros donados al CBTA 102 y a la secundaria número 12, en la entrada poniente, por lo que en esa zona se han encarecido ante la perspectiva de crecimiento demográfico, con los consiguientes beneficios económicos, por lo que se prevé que los terrenos de ambas escuelas (destinados a labores agropecuarias inicialmente) están y estarán en la mira de ejidatarios que buscarán “recuperarlos para el ejido”, lotificarlos y, finalmente, venderlos, porque ellos lo sienten como un derecho inalienable por ser “auténticos” pobladores de Cuajinicuilapa, “legítimos”, dueños del ejido. Hay otros ejidatarios que opinan y actúan distinto, sí, pero esos no suelen actuar, se concretan a ver y hablar por lo bajo: no quieren problemas.