Eduardo Añorve
Cuajinicuilapa de Santamaría, Gro.
7 de diciembre de 2015
Francisco Peláez Agustiniano o Francisco Peláez Ajustiniano, avecindado en Montecillos, municipio de Cuajinicuilapa, no pudo acreditar la propiedad sobre la que reclama que le causaron daños en propiedad ajena y por la que pesa orden de aprehensión al director de la escuela telesecundaria Gabriela Mistral, el ex presidente y ex secretario del comisariado ejidal, hecho que ha llevado a muchos ciudadanos a concluir que éste es un caso armado y que las autoridades actúan a favor del demandante.
LOS HECHOS QUE DIERON ORIGEN AL CONFLICTO
El 14 de septiembre de 2014, una asamblea de ciudadanos de Montecillos decidió delimitar el terreno de la parcela escolar que le corresponde a la tele secundaria, para facilitar el trámite de un proyecto para embardarlo, mismo que propuso y promovió el director encargado.
El acta respectiva dice: “…el señor Francisco Peláez Ajustiniano [sic] quiere encerrar parte de la escuela tele secundaria y primaria, y la asamblea acordó que la parcela escolar se va a encerrar para la escuela porque la parcela de la tele secundaria y la parcela de la escuela primaria tienen su título de propiedad con el programa Procede y nadie puede cercar en las parcelas escolares y a cualquiera que se sorprenda trozando el alambre o desbaratando la cerca de las escuelas se va a proceder en contra de cualquiera que sea. Se va a ir a medir la parcela de la tele secundaria, que se encierre toda el área que le corresponde que son 3 y media hectáreas…”.
El día 6 de septiembre de 2014, en asamblea de ciudadanos, se decidió lo anterior, y el día 13 del mismo mes y año, unas cien personas acudieron a dar fajina a la parcela escolar, donde las autoridades ejidales hicieron la medición de la misma basados en el certificado parcelario de Procede, despegaron el alambre y sacaron los postes y echaron el nuevo corral.
El alambre y los postes quedaron en la comisaría ejidal.
Al presunto perjudicado y ahora demandante le notificaron de los hechos desde el comienzo pero no
hizo acto de presencia en ningún momento.
CASO MONTADO
El pasado 11 de noviembre de 2015, Bernardo Arellanes Cisneros, ex presidente del comisariado ejidal de Montecillos, fue aprehendido por la Policía Ministerial en este pueblo cuando participaba en una procesión religiosa, sin que se le notificara causa o motivo.
A decir de vecinos de Montecillos, fue como un secuestro; existen testimonios de que un hijo de Francisco Peláez viajaba en la misma camioneta que los policías que lo aprehendieron y que él lo señaló, porque ellos no lo conocían.
El periódico El Faro de la Costa Chica publicó al siguiente día una nota (“Lo detienen des pues de un mes de búsqueda” [sic], por Francisco Javier Hernández) en la que informaba que desde hacía más de un mes se había dictado orden de aprehensión contra el ex presidente del comisariado.
Sin embargo, a decir de éste, él anduvo todo el tiempo en su pueblo a la vista de todo mundo, por lo que le resulta extraño que lo hayan buscado por un mes sin encontrarlo; además, dice que él nunca vio al reportero que le tomó la foto.
Todo ello hizo suponer a varios ciudadanos que esta información fue filtrada por las autoridades y que se trata de un montaje para inculpar a los demandados por Francisco Peláez; incluso hay quien asegura en Montecillos que éste ha dicho públicamente que no le importa acabarse el dinero que tiene pero que a él no le van a ganar.
Enterados de la aprehensión de Bernardo Arellanes, el día 12 de noviembre, autoridades, ejidatarios y ciudadanos de Montecillos realizaron una reunión y nombraron una comisión que investigara la causa; así, acudieron a Ometepec, donde les notificaron que tanto él como Nohé Saavedra Ojeda, director encargado de la telesecundaria, como Pedro Rivera Reyes, ex secretario del comisariado ejidal, estaban demandados por daños en propiedad de Francisco Peláez Agustiniano, y sobre ellos también existía una orden de aprehensión.
Esta comisión regresó a Montecillos por la noche, convocó a los ciudadanos, quienes deliberan y deciden cooperar y pedir cooperación para juntar los 15 mil pesos de fianza de la libertad bajo caución que fijó la jueza Teresa Camacho Villalobos para el ex presidente del comisariado ejidal.
El día viernes 13 de noviembre, la comisión del pueblo va a pagar la fianza y Bernardo Arellanes sale libre bajo caución.
LOS DAÑOS
Francisco Peláez demandó a estas tres personas por daños en propiedad ajena, por la cantidad de 6 mil 670 pesos, y que amparan: 80 postes (colocados hace más de tres años), 2 rollos de alambre de púas, 2 kilogramos de grapas y el pago de 4 peones (a 210 pesos cada uno).
El alambre y los postes del terreno en cuestión fueron recogidos por las autoridades de Montecillos hace un año, después de que un grupo de ejidatarios, padres de familia de estudiantes de la tele secundaria y ciudadanos acudieron a cercar la parcela escolar, y estuvieron en la comisaría municipal sin que el presunto dueño los reclamara, aseguran ciudadanos.
Este otro hecho da a pie para que algunas personas en Montecillos aseguren que éste es un caso armado, pues si el terreno en cuestión le pertenece a Francisco Peláez, por qué este no demandó por despojo sino sólo por daños en propiedad ajena.
Incluso, datos tan inverosímiles como el costo de la mano de obra, apuntalan la versión de que éste es un caso armado.
LA PROPIEDAD AJENA
De acuerdo con información en manos de Diario Alternativo, el terreno en cuestión le pertenece a la parcela escolar, según el certificado parcelario número 000000135177 expedido el 25 de enero de 2000 por Jorge Samuel Vargas Guzmán, delegado del Registro Agrario Nacional.
Según los ejidatarios, los postes y el alambre que desprendieron y pusieron a disposición en la comisaría municipal se encontraban dentro de la parcela escolar.
Los demandados aseguran que su demandante no ha presentado documento alguno que haga patente que le pertenece ese terreno, unos 160 metros cuadrados, y solamente ha mostrado a las autoridades un certificado de derechos agrarios expedido en 1985 a nombre de Francisco Peláez Ajustinino, donde se le acredita como ejidatario del ejido de Montecillos pero donde no se hace referencia a la posesión de propiedad alguna.
Este documento obra en el expediente de la causa penal 90/2015-II, la que el demandante emprendió ante la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común, con sede en Ometepec.
Ante ello, los demandados y ciudadanos de Montecillos aseguran que resulta inverosímil que la jueza Teresa Camacho Villalobos haya dado entrada a la querella toda vez que el demandante no ha acreditado en ningún momento la propiedad del terreno en que se encontraba el corral que supuestamente le dañaron, es decir, que según su lógica, la jueza debió asegurarse primero que, en efecto, ésa era su propiedad, antes de dar curso a las diligencias.
Por ello mismo, insisten, éste es un caso armado y que cuenta con la complicidad de las autoridades judiciales y de procuración de justicia.
LOS OTROS DOS IMPLICADOS
Los otros dos demandados en este caso, que no fueron detenidos por la Policía Ministerial pero que también pesa sobre ellos orden de aprehensión, acudieron a declarar voluntariamente, pero en la 2º secretaría del juzgado penal no les permitieron declarar por no estar agendados y porque, además, no habían depositado la fianza de 5 mil pesos.
El 1 de diciembre pasado, Nohé Saavedra Ojeda y Pedro Rivera Reyes declararon; posteriormente fueron al reclusorio para serles tomada la fotografía y las huellas dactilares, según el procedimiento marcado.
LA INSPECCIÓN DE CAMPO
El pasado jueves 3 de diciembre de 2015, personal del MP y del juzgado acudió a Montecillos para inspeccionar el terreno en cuestión para desahogar una prueba de inspección de mérito, solicitada por el abogado defensor de los acusados, con la intención de probar que el terreno en que presuntamente ocurrieron los daños demandados le pertenece a la parcela escolar.
Para ello, la jueza Camacho Villalobos pidió la presencia de José Alfredo Hernández Villaseñor, perito en materia de criminalística de campo y fotografía de campo, “…para que auxilie al personal de este Juzgado en el desahogo de la prueba de inspección de mérito, debiendo traer consigo un flexómetro y brújula para medir y ubicar las parcelas materia de la inspección”.
Acudieron también Néstor Zárate Castillo, en su calidad de secretario del juzgado, así como los implicados, además de Osiris Hernández Gallardo, agente del Ministerio Público, y más de un centenar de pobladores de Montecillos.
Acompañados del presidente del comisario ejidal, Alisandro Herrera Noyola, y del comisario municipal, Óscar Domínguez Rojas, una vez estando en el terreno, procedieron a corroborar que era el mismo que se señala en el certificado parcelario de la tele secundaria, además de constatar su ubicación, para lo que utilizaron un plano de Inegi, llegando a la conclusión de que sí correspondía.
Identificada la parcela escolar, el presidente del comisariado ejidal pidió al demandante que presentara el documento (“sus escrituras”) que acreditara la propiedad del tramo del terreno en disputa, y éste dijo que no lo llevó, y no fue sino hasta que la gente los presionó que alguien afín a Francisco Peláez fue por ese documento.
Una de las insistencias que hicieron los ciudadanos presentes fue que el demandante debía presentar su documento o sus escrituras para cotejarlas con el plano y con el documento de Procede de la parcela escolar; sin embargo, las autoridades foráneas no quisieron hacerlo e incluso pidieron a estas personas que se alejaran para dejarlos trabajar, hecho que no ocurrió.
Después de dimes y diretes, la gente de Montecillos comenzó a molestarse y a exigir cada vez más que se mostrara el documento de propiedad de Francisco Peláez, pues consideraban que no podía ser posible que las autoridades actuaran en un caso en que alguien que no acreditara su propiedad pudiera estar demandando penalmente por daños en la misma.
En un interín, el secretario Néstor Zárate le dijo a los demandados y a los quejosos, haciendo una seña interrogativa al perito: “No es posible, ¿por qué razón?”, dándole señal para que que éste respondiese.
Así, el perito Hernández Villaseñor aseguró: “No cuento con el instrumental para la medición, se necesita mandar a la perito en agrimensura, tenemos una en Ometepec”.
Irónicamente, alguien del pueblo le preguntó si no servía el flexómetro que llevaba.
Ante este argumento del perito, la agente del MP, Osiris Hernández, que había permanecido callada en casi toda la inspección (que duró horas) tomó la palabra: “Requiere de otro tipo de perito”, y culpó al abogado defensor de no haber sabido solicitar a un perito adecuado.
Luego le informó a la gente presente que la diligencia se iba a posponer hasta que acudiera un perito especializado, y culpó a la misma gente de causar el problema: “…porque ustedes hacen así las cosas, por eso se suscitó el problema que tienen ahorita, porque dicen: ‘Bueno, nosotros lo medimos y aquí está’. Y la otra persona dice: ‘Esa medición no es correcta’. Entonces, ahorita lo tiene que hacer un profesional que nos dé la última opinión. Nosotros no estamos a favor ni en contra de nadie…”.
Y la respuesta que la gente le dio fue: Que presente sus papeles, vámonos a documentos. ¿Qué le buscan? No vamos a alegar, vámonos a los documentos.
Quien fue por el documento de Francisco Peláez regresó con él y con trabajos lo entregó al secretario (pues éste no parecía tener intención de recibirlo, hasta que la gente se lo reclama), pero en ningún momento se cotejó con el plano para cerciorarse que también correspondía, lo que enciendió aún más los ánimos de los montecilleños.
Ciudadanos presentes en el sitio aseguraron a Diario Alternativo que el documento último presentado allí está firmado por el ex director encargado de la tele secundaria, Roberto Peñaloza Peláez, sobrino del demandante, aunque desconocen sus términos.
Al considerar que no había condiciones ni garantías para seguir con la diligencia, el secretario Zárate Castillo la suspendió.
SOLICITUD DE LA JUEZA: ¿LUZ EN EL PROCESO?
La tarde de ese mismo jueves trascendió que la jueza Teresa Camacho dio un plazo de 24 horas a Francisco Peláez para presentar el documento que le da posesión de esos 160 metros en disputa, cuyo corral fue quitado por ciudadanos de Montecillos argumentando que ese terreno es propiedad de la parcela escolar designada para la tele secundaria Gabriela Mistral y con el objeto de solicitar a las autoridades municipales que les construyeran una barda para delimitarlo y evitar que alguien se apropiara de él o de una parte de él.
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