viernes, 18 de diciembre de 2015

Demandará Montecillos ante autoridades agrarias, en respuesta a auto de formal prisión de ex comisario y director de la telesecundaria

La población de Montecillos, el día de la inspección abortada. Involucrada y vigilante. Foto: Eduardo Añorve.

** El secretario del juzgado reconoce que actuaron en perjuicio de las autoridades involucradas a pesar de no tener pruebas sólidas por premura de la jueza Camacho Villalobos
Eduardo Añorve
Cuajinicuilapa de Santamaría, Gro.
18 de diciembre de 2015
La “ciudadana licenciada Teresa Camacho Villalobos, Jueza de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Abasolo”, resolvió que los tres demandados por daños en el caso de la telesecundaria Gabriela Mistral de Montecillos, municipio de Cuajinicuilapa, eran probables responsables de ese delito, dictándoles auto de formal prisión, por lo que las autoridades locales convocaron a una reunión, el pasado martes 15 de diciembre, y decidieron demandar al acusador, Francisco Peláez Agustiniano, toda vez que aquellos no actuaron por cuenta propia ni en propiedad de éste sino en la parcela escolar.
La jueza arguyó: “Bajo tal contexto, la que resuelve considera que con los elementos analizados y valorados, son suficientes para tenerse por satisfechos los requisitos exigidos por el artículo 19 Constitucional, por ello, con esta fecha y siendo las quince horas con cuarenta y cinco minutos (15:45), se dicta auto de formal prisión, en contra de los inculpados Nohe Saavedra Ojeda y Pedro Rivera Reyes, por el delito de daños, en agravio de Francisco Peláez Agustiniano. Máxime que para dictar un auto de formal prisión no se requiere de pruebas plenas, sino datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad penal del indiciado, lo cual acontece en el presente caso”.
Es decir, aunque no existen “pruebas plenas” de la responsabilidad de Bernardo Arellanes Cisneros, Pedro Rivera Reyes y Nohé Saavedra Ojeda (ex autoridades ejidales, los primeros, y director de la escuela, el segundo) fueron sometidos a un juicio penal por acusaciones de Peláez Agustiniano, quien hasta la fecha no ha podido comprobar la propiedad del terrero donde presuntamente aquéllos le causaron daños.
Analizados estos hechos en asamblea del pueblo, las autoridades municipales y ejidales de Montecillos decidieron acudir al Tribunal Agrario, sito en Acapulco, para asesorarse y defender la parcela de la escuela, la que, aseguran, fue invadida por Peláez Agustiniano, en complicidad con el ex director, su sobrino Roberto Peñaloza Peláez.
Tanto las autoridades de Montecillos como los ciudadanos y padres de familia de estudiantes de esa escuela están indignados y dijeron que van a actuar hasta donde puedan para defender la parcela escolar: “No puede ser posible que esta mujer (la jueza Camacho Villalobos) no piense. ¿Cómo va a decir Francisco Peláez que le cometieron daños en un terreno en el que no puede probar que es suyo? Hasta ahorita no ha presentado documento alguno con el que él pruebe que es dueño de ese terreno que tenía encerrado y que es parte de la parcela escolar”.
Por su parte, el abogado defensor de oficio (en este caso de Saavedra Ojeda y Rivera Reyes) expone que “el que se dice agraviado no está legitimado para interponer la querella, toda vez que se le dio valor probatorio a un certificado de derechos agrarios expedido por la entonces Reforma Agraria, que lo acredita únicamente como ejidatario y en el cual no se encuentran reconocidas las medidas y colindancias del predio”.
Además, continúa este abogado, “así mismo se le dio valor probatorio a una constancia de posesión que no se encuentra firmada ni sellada por las autoridades ejidales, así como tampoco se encuentran reconocidas las medidas y colindancias del predio en comento ni mucho menos se ha acreditado que el que se duele del delito sea el legítimo propietario del bien inmueble donde ocurrieron los hechos”.
Esta misma opinión tienen las autoridades municipales y ejidales de Montecillos; incluso, muchos ciudadanos preguntan: ¿Cómo es posible que la jueza le dé más valor a esos documentos que al certificado de Procede que ampara la propiedad de la parcela escolar?
Al visitar a la autoridad agraria en Acapulco, el pasado lunes, uno de los cuestionamientos que también hizo un funcionario que los asesoró es que, en vista de que Procede regularizó la propiedad de esa parcela escolar, ¿por qué el ahora agraviado no apeló, teniendo 3 meses para hacerlo, y es hasta ahora que la disputa?
Curiosamente, dicen en Montecillos, Francisco Peláez no demandó por despojo, como debió haber sido, toda vez que asegura que él es el propietario del terreno, y sí lo hizo por daños. Eso no tiene sentido, aseguran.

EL SECRETARIO: NO QUEDABA DE OTRA
El 10 de diciembre, el secretario de acuerdos de ese juzgado, Néstor Zárate Castillo, les notificó a Pedro Rivera Reyes y a Nohé Saavedra Ojeda que la jueza Camacho Villalobos había resuelto, el 6 de diciembre, declararles auto de formal prisión, según el procedimiento, y los apercibió de que era su derecho protestar mediante el amparo o apelar el veredicto, en un plazo de tres meses; ellos resolvieron apelar, y ya lo hicieron.
Sin embargo, fuera de la excesiva papelería de estos juicios penales, Zárate Castillo les comentó que quizá y ellos tienen razón y que este conflicto es de tipo agrario y les recomendó, “muy amablemente”, que acudieran al Tribunal Agrario, en Acapulco, a ver si allá sí les hacen justicia.
Esta “amabilidad” sorprendió a los inculpados, toda vez que la actuación de este secretario durante los días anteriores había sido despótica, y los había tratado como delincuentes. “¿O será que cuando uno llega así, te tratan así?”, se preguntarían.
La razón que el secretario Zárate Castillo arguyó para justificar el veredicto de la jueza Camacho Villalobos fue la premura, la escasez del tiempo, toda vez que estaba obligada a resolver, según los términos de la ley.
Los indiciados aseguran que ahora entienden por qué la inspección judicial que se practicaría en el lugar se los hechos no se desahogó como debía ser, y solamente fueron a armar “un teatro”, como bien decían los ciudadanos que acudieron.
Al respecto, en la notificación del 6 de diciembre se puede leer que esa inspección no se hizo “por estar próximo a fenecer el término de ciento cuarenta y cuatro horas para resolver la situación jurídica de los inculpados”; es decir, como justificó el secretario: lo importante era resolver, no importaba si se actuaba con justicia.
Ahora, los ciudadanos de Montecillos están cooperándose y pidiendo cooperación para seguir con esta causa y acudir ante las autoridades agrarias para hacer valer su derecho, sobre todo porque, aseguran, ellos dotaron a la escuela telesecundaria Gabriela Mistral de esa parcela, así como también lo hicieron con la primaria, una parte de cuya parcela, por cierto, también reclama quien ahora acusa de daños y no puede probar que la propiedad afectada es suya.
Y éste es otro pleito pendiente.

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