¿Alguien quiere la guerra?
[Pregunta
ociosa, y retórica,
hecha
epígrafe inoportuno]
Durante muchos años en San Nicolás, en este municipio, los policías
que hacían labores de guardias de la comunidad ofrecían su trabajo por mandato
de la propia ciudadanía, de modo gratuito y circunstancialmente, es decir, en
ocasiones que así lo requerían, como en las fiestas y bailes, tanto
particulares y públicos, que solían realizarse a la vista de todos y en los
cuales todo mundo podía participar (excepto en los bailes de paga). Eran
responsables y respetuosos, y la población les tenía respeto: actuaban como en
familia, con sus buenos y malos usos y costumbres, y, en general, eran
efectivos. Utilizaban las armas de la comunidad, y las propias, claro está,
aunque algunos preferían no usarlas y sí esgrimir algún bejuco, alguna vara.
Recuerdo con cierta nostalgia cómo todavía en los primeros años de la década de
los noventa del siglo pasado, en algunos bailes de algún festejo (boda,
quinceaños, etc.), estos policías se paseaban en medio de la ramada para
impedir que los muchachos se amontonaran ante las muchachas para sacarlas a
bailar: ellos permanecían en un extremo de la pista, parados; ellas, sentadas
en el otro extremo; cuando sonaba la música, los policías se hacían a un lado
para dejar que los primeros pretendieran los favores dancísticos de las
segundas: ¡y a bailar todos!, unos con pareja; otros, sin ella, mandados a
bailar.
Esa
policía comunitaria terminó hasta que llegó el gobierno municipal y pretendió
institucionalizarla, siguiendo también los deseos de las autoridades de San
Nicolás y de los policías comunitarios, quienes deseaban dineros o un salario por
su trabajo; es decir, su labor dejó de verse como un servicio a la comunidad
para convertirse en una fuente de ingresos, en un trabajo, una actividad
permanente y remunerada, regulada. Además, exigieron vehículo para patrullar y
mejor desempeñar su vigilancia. Eran tiempos en que Vicente Cortés Rodríguez
gobernaba Cuajinicuilapa, luego de ganar la elección encabezando al PRD, ante
Hilario León Robles, del PRI. San Nicolás aportó muchos votos a la causa de
Cortés Rodríguez, quien allí no sólo tenía muchos familiares y parientes sino
también muchos amigos y simpatizantes. Por ello, él se sentía comprometido con
ellos, con esa comunidad, y accedió a buscar beneficios para esos policías,
para esas autoridades, para esos ciudadanos, para esa población.
Beneficios
para los policías: un trabajo permanente, salario también permanente, además de
transporte, uniforme y el prestigio o estatus por trabajar en el ayuntamiento
de Cuajinicuilapa (ya no como policía comunitario). El asunto no era fácil
porque las autoridades estatales pidieron, como es su uso y costumbre, que los
policías dejaran de ser servidores de la comunidad, es decir, solamente de San
Nicolás, para convertirse en policías preventivos del municipio, lo que
implicaba calificarse: tener estudios de bachillerato, tener buen estado de
salud y condición física, tener preparación mínima en labores policiales, etc.
Y mientras se daba esta negociación entre autoridades estatales y municipales y
los propios policías de la comunidad, Cortés Rodríguez les dio una camioneta
para patrullar, uniformes, armas y sueldos, pero les exigió que cumplieran con
algunas de las obligaciones de la policía preventiva, como patrullar y prestar
auxilio en otras comunidades. Y ése fue el principio del fin de esta añeja policía
comunitaria. Como anécdotas anoto que, por ejemplo, ya en su etapa de
transición, la patrulla era utilizada para acarrear leña por el comisario de
ese momento; o que los policías “se vieron en la necesidad” de “agarrar presos”
muy seguido para tener a quien multar y “sacar para la gasolina”.
Ahora
que se han creado varios cuerpos de policías comunitarios en varios municipios
del estado de Guerrero, pienso en las experiencias anteriores. Es obvio que ni
la de San Nicolás ni las nuevas policías ciudadanas de Ayutla y Tecoanapa, por
ejemplo, pueden compararse a la Policía Comunitaria de la Costa-Montaña, y que
el proceso organizativo de ésta es peculiar y está basado en la CRAC o
Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, la que está integrada por
autoridades municipales, ejidales y tradicionales, las cuales también se apoyan
en los ciudadanos que representan grosso
modo. Y en esta policía, el proceso de institucionalización ha sido
exitoso, con sus altas y bajas, de modo tal que les ha procurado independencia
de eso que llamamos Estado, es decir, de todas las instituciones legales o
contempladas por las leyes y reglamentos de todos los niveles de gobierno, la
mayoría de las cuales adolecen corrupción, no procuran justicia, obedecen a
intereses de políticos, de grupos o de personas, o actúan parcialmente. Para
ello ha sido importante la toma colectiva de decisiones, entre otras
características de ese paradigma de cuerpo policíaco.
Al
ver la conformación de supuestas policías comunitarias en estos municipios en
los recientes días, más allá de su pertinencia y de la necesidad que tienen ésas
y otras regiones del estado para crearlas, miro un desorden, al parecer
provocado con fines aviesos, perversos, como la militarización de la zona, veo
una mano política que agita esas aguas para revolver el río y sacar ganancia,
también política, lo que debe leerse también como: económica, etc. Sin embargo,
mis reflexiones se dirigen hacia otro lado: leo opiniones que proponen la
institucionalización de esas policías, y hasta de la Policía Comunitaria, y
creo que si éstas se suman al Estado, las dinámicas de su funcionamiento y las
problemáticas que padece las contaminarán a mediano y largo plazo (aunque tal
vez también ocurra a corto plazo), es decir, se volverán corruptas,
tendenciosas, interesadas, politizadas, etc. Discrepo también de la opinión del
gobernador (aunque cambia de opinión como de calzones), en el sentido de que la
seguridad pública en el estado de Guerrero esté a cargo de militares, por la
misma causa: los militares no han mostrado ser aptos para cuestiones civiles,
porque, además, no han sido instruidos para ello, y las evidencias de
violaciones a los derechos humanos por su cuenta se han multiplicado. Ya lo
habían advertido, y mucho: si seca al ejército de sus funciones habituales y se
le convierte en policía, mala cosa será, para nosotros y para ellos.
No
sé cuál será la solución idónea para salir de esta guerra civil, del reino de
la delincuencia, del reino del miedo y la zozobra, de la crisis del Estado, de
la violencia, pero sospecho que no será sino hasta cuando la voluntad de
quienes ahora gobiernan el Estado (a nivel federal y estatal) los decida a
comprometerse a actuar por resolver la situación (como los anteriores
gobernantes lo hicieron en sentido contrario), y será entonces, sólo entonces
cuando se vislumbrará un mejor estado de cosas. Que la sociedad, más bien, que
los ciudadanos de a pie nos organicemos para presionar en ese sentido y actuar
como vigilantes de que este proceso ocurra, y ocurra en las mejores
circunstancias, será valioso. Es lo ideal, pero nunca se sabe, en una sociedad
acostumbrada a pedir y recibir favores o dádivas a cambio de, también, favores,
como votar por X o Y, si seremos capaces de organizarnos. Sospecho que no, sospecho
que, una vez más, estamos a merced de esos que no llaman poderes fácticos pero
que sí son poderes fácticos, de hecho, pues, que incluyen, también sospecho, a
esas instituciones, a esos gobiernos que debieran dar dirección al estado de
derecho, al Estado mismo, y no lo hacen, sino que lo corrompen, lo prostituyen,
lo gobiernan sólo para beneficio de ellos. Como dijo uno de mi pueblo, sin que
se lo preguntaran: Mejor lo dejamos así,
yo no quiero la guerra. Pero ya guerra la trajeron sin consultarnos, iba a
decirle, pero no me dio tiempo de hacerlo. ¿Alguien quiere la guerra?
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