Pavimentación de calles, remozamiento de la imagen urbana del zócalo y embardado de una escuela son algunas de las obras que el gobierno del pripanista José Guadalupe Salvador Cruz Castro ha abandonado sin terminar en los últimos meses, después de haber presumido su ejecución, provocando críticas, molestias e incomodidades de los ciudadanos, sin que se sepa a ciencia cierta si han de ser concluidas o las razones para su suspesión.
El tramo de la calle Isabel La Católica, que se ubica entre la 5 de mayo y la Aldama, en la colonia La Guadalupe, fue rastreado y preparado para tender en él concreto asfáltico y pavimentarla; sin embargo, sólo se pavimentó un tramo de menos de 20 metros, en el centro del tramo, y apenas la mitad de la anchura total.
En ese tramo, personal a cargo de la dirección de Obras Públicas inició esos trabajos con intensidad, al comienzo; sin embargo, en diciembre de 2009 esa obra fue abandonada, sin que se dieran explicaciones a los vecinos que resultaron afectados, sobre todo después de las últimas lluvias, que inundaron gran parte de ese tramo.
El costo de este tramo de aproximadamente cien metros de largo asciende a 500 mil pesos.
Una actuación similar se vio en las llamadas obras de urbanización de la imagen urbana (sic) del zócalo de esta cabecera municipal: se iniciaron a fines de noviembre con ímpetu y ostentación para, finalmente, terminar en su abandono, los primeros días de enero, dejando muchos detalles sin acabar.
Terraplenes y desniveles sin concluir, cajas de registro abiertas, cimentaciones truncas, alzamientos inconclusos, pisos mal diseñados son, entre otras, las deficiencias sin resolver y que pueden notarse a simple vista en el zócalo de Cuajinicuilapa.
Con relación a la polémica terminal o “paradero urbano” que se construyó para los taxistas del sitio número uno, que viajan hacia Ometepec, la caseta para su oficina no se ha concluido ni se han colocado los pilares y el techo del paradero o sitio de espera para pasajeros; además de que existen desniveles mal planeados en esa esquina del zócalo, provocando que se inunde esa zona por no haberse contemplado un desahogadero.
En esta obra, y según información que el propio presidente municipal ofreció en su Primer informe de gobierno, se invertirían 800 mil pesos del Fondo de infraestructura municipal, aunque muchos ciudadanos siguen opinando que no era necesaria.
Y desde la semana pasada se detuvieron los trabajos de construcción de una barda que esa misma dirección, a cargo de Francisco Javier Zárate Pérez, realizaba en la escuela secundaria Lázaro Cárdenas, iniciados en el mes de enero de este año.
Castillos y cadenas de soporte esperan por ser colados; tramos de barda, por ser edificados, además de la hechura de varios detalles en la fachada principal, del relleno de las zanjas abiertas y la recolección de cascajo y restos de materiales de construcción que se encuentran tirados por la zona, son algunas de las acciones pendientes de concluirse.
El monto que la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno federal autorizó para esta obra (Construcción de cercado en escuela secundaria Lázaro Cárdenas) asciende a un millón 250 mil pesos, según información oficial.
Aunque no puede conseguirse una explicación para estos abandonos (a pesar de que en el presupuesto del año pasado se contempla la publicación de una gaceta municipal bimestral para informar a la ciudadanía), la que corre en los pasillos y oficinas, y hasta en las calles, es que “se acabaron el dinero”.
Por su parte, el pripanista Cruz Castro ha insistido en culpar a trabajadores y extrabajadores que demandaron laboralmente al Ayuntamiento que encabezó el perredista Vicente Cortés Rodríguez por obstaculizar su gestión y, particularmente, la realización de obras durante su gobierno, puesto que le han sido embargados (hasta enero de 2010) aproximadamente 3 millones 700 mil pesos del ramo 33.
Al respecto, el presidente Cruz Castro ha dicho que esos trabajadores demandaron “obteniendo de esta manera jugosa cantidad de dinero en perjuicio de la mayoría de los habitantes del Municipio a quienes no les pueden llegar los beneficios por la condena en juicios laborales, entablados por supuestos trabajadores sin escrúpulo alguno, quienes ven el Ayuntamiento una fuente de dinero para solventar su situación económica por algo que en realidad no han trabajado”.
Sin embargo, todavía está pendiente por resolverse una demanda laboral por muchos millones más, pues involucra a 75 personas, promovida en 2002 por el asesor y hermano del presidente municipal, el expresidente municipal Andrés Cruz Castro, en la que se incluyen ediles y trabajadores en activo como Gonzalo Mariche Calleja, Eleucadio Valentín Agustiniano Montalván y Alejandro González Saguilán, regidor de Desarrollo Rural, director de Seguridad Pública y secretario particular del Presidente municipal, respectivamente.
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