17 de mayo
EDUARDO AÑORVE
CUAJINICUILAPA
Aunque las autoridades locales como las estatales y las federales cuantificaron en tiempo y forma las pérdidas por sequía en los cultivos de maíz del año anterior, 2012, en el municipio de Cuajinicuilapa, en días pasados se pagaron unos cuantos montos del seguro agrícola catastrófico con evaluación en campo, privando a la mayoría de los productores empadronados de ese beneficio: apenas el diez por ciento.
Algunos de estos campesinos dijeron a Trinchera que fueron excluidos con argumentos falsos y que, en este caso, fue el comisario municipal de la única comunidad, Punta Maldonado, donde se pagaron quien salió beneficiado, lo mismo que varios de sus familiares, algunos de los cuales no siembran maíz.
Seder reporta 300 afectados
En agosto del año pasado, la secretaría de Desarrollo Rural (Seder) estatal, a través de Acacio Castro Serrano, subsecretario de Infraestructura, informó que en el ciclo 2012 se reportaron 300 campesinos cuyos cultivos de maíz resultaron con pérdidas totales por sequía en 7 ejidos del municipio de Cuajinicuilapa, aunque no precisó en cuáles.
Con base en esta información, la Seder informó a la empresa aseguradora Agroasemex, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de estas pérdidas, y entre esa fecha y el mes de diciembre, personal de ambas dependencias recorrieron el municipio para levantar un censo de campesinos afectados y de las superficies dañadas.
Teniendo el seguro agrícola catastrófico con evaluación en campo como herramienta, Agroasemex “garantiza un rendimiento promedio ponderado por cultivo, modalidad, ciclo y municipio. La valoración de daños se efectúa con inspecciones físicas para realizar muestreos en las unidades de riesgo. El siniestro ocurre cuando por efectos de algún riesgo asegurado el cultivo pierde la capacidad productiva o su nivel de rendimiento resulta inferior al promedio protegido”, de acuerdo con la propia empresa.
Según datos de la Seder, en la Costa Chica, durante el 2012, se “aseguró” una producción mínima de mil 300 kilos de maíz por hectárea, con la precisión de que el seguro mencionado se aplica cuando en el 60 por ciento o más de la superficie asegurada no se consigue ese rendimiento.
La inspección: comisarios, ayuntamiento, Seder y Agroasemex
En los sitios de cultivo, comisarios municipales de las comunidades afectadas acompañaron a funcionarios de Desarrollo Rural municipal, de Seder y de Agroasemex para inspeccionar los sembradíos de maíz para cuantificar las pérdidas y levantar los reportes respectivos.
A decir de algunos campesinos, esta inspección no se realizó en todos los cultivos reportados con pérdidas en cada comunidad sino que se hicieron “muestreos” de 3 o 4 sembradíos por cada una, dejando al comisario la responsabilidad de elaborar la lista definitiva de afectados, así como de las superficies dañadas.
El padrón de cada comunidad se canalizó a través de la dirección de Desarrollo Rural de Cuajinicuilapa, a cargo de Armando García Baños.
El pago de los montos, según dijo personal de la Seder y de Agroasemex a los campesinos afectados, se haría en enero de 2013.
Pago a campesinos: unos cuantos cheques a una sola comunidad
El 14 de mayo de 2013, el ingeniero Arce Adame, representante de Agroasemex, acompañado de García Baños, acudió a Punta Maldonado, El Faro, para entregar los cheques del seguro agrícola a los campesinos “beneficiados”.
Los montos entregados correspondían a pérdidas de sembradíos de entre 2 y hasta 4 hectáreas; los campesinos “beneficiados” fueron una treintena.
En esa ocasión, según testigos consultados por Trinchera, se dejaron fuera a varios campesinos, asegurando los funcionarios que esa exclusión se debía “a que tenían vacas, que ya lo habían visto en la computadora, y que por lo mismo no tenían derecho a estos apoyos, no se los podían dar”.
Sin embargo, a familiares del comisario, Zenorino Martínez, sí les dieron esos apoyos a pesar de no haber sembrado ni un metro cuadrado de maíz. Campesinos locales aseguran que el comisario es gente del presidente municipal, y por ello lo favorecieron, así como lo han favorecido con otros apoyos gubernamentales.
En sentido contrario, un funcionario del ayuntamiento de Cuajinicuilapa asegura que Agroasemex argumentó que Punta Maldonado fue la única comunidad del municipio que presentó reportes de daño.
En cuanto al dato de la posesión de ganado, ese mismo funcionario aseguró que se había excluido a esos campesinos por esa razón y porque estaban cambiando las reglas de operación de ese programa.
Pero de esto no se informó a los campesinos, quienes prepararon un banquete a los funcionarios foráneos, consistente en langosta, pescado y otros mariscos.
Las demás comunidades de Cuajinicuilapa fueron excluidas también de estos pagos.
Algo similar pasó con la dotación de fertilizante: el presidente Loya Flores ordenó “ordeñarlo” y expurgarlo, entregando sólo la mitad de la ración y excluyendo a quienes no votaron por él e incluyendo a familiares, parientes y amigos.
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